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Publicado en nuestra Revista el 18 de Enero de 2006
Autor: Dr. Juan José Pérez-Rosas Pons


PODER JUDICIAL Y ARBITRAJE

¿Una relación simbiótica?

Juan José Pérez-Rosas Pons*

"Si queremos que todo siga como está es necesario que todo cambie…"1

  1. INTRODUCCIÓN
  2. Los que procuramos defender el arbitraje y promovemos la difusión del mismo, podemos decir con apasionamiento que éste medio de solución de controversias, constituye la panacea dentro del universo de los métodos adecuados de resolución de conflictos (MARCS); y no lo decimos por el incremento en el número de procesos arbitrales producido a lo largo de la década pasada, el mismo que a la fecha se sigue produciendo, sino porque éste incremento ha sido originado como una necesidad ante la crisis jurisdiccional existente.

    Al respecto, Cantuarias Salaverry y Aramburú Yzaga, señalan que "…las razones que explican la demora en la Administración de Justicia son muchas. Una de las más comunes y fácilmente comprobable es la masificación de las causas en el Poder Judicial, debido a la cantidad de casos que se someten a su resolución…"2

    Sin embargo y a pesar de lo descrito, lo que buscamos con el presente trabajo no es destacar cuáles son las ventajas del arbitraje frente a la jurisdicción ordinaria, sino que más bien pretendemos rescatar el apoyo que puede brindar el Poder Judicial al arbitraje para que éste se desarrolle y para que las actuaciones y las resoluciones que emitan los árbitros tengan plenitud de efectos.

  3. AUXILIO JURISDICCIONAL EN EL ARBITRAJE
  4. El artículo 40 de la Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje (en adelante LGA), a la cual únicamente nos referiremos en su aplicación dentro del ámbito doméstico, recoge la figura del auxilio jurisdiccional dentro del proceso arbitral para la actuación de pruebas; sin embargo hemos podido identificar algunos supuestos adicionales en los cuales es necesaria la participación del Poder Judicial, pero únicamente nos centraremos en descrito anteriormente conjuntamente con la ejecución del laudo y el otorgamiento de medidas cautelares.

    1. AUXILIO JURISDICCIONAL PARA LA ACTUACIÓN DE PRUEBAS
    2. Tal como lo señaláramos, el artículo 40 de la LGA dispone que "el tribunal Arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral, podrá pedir Auxilio Judicial para la actuación de pruebas (…) El juez dará cumplimiento a la solicitud (…) bajo responsabilidad, de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba".

      Por tanto, de acuerdo a nuestra Legislación, los árbitros podrían solicitar el auxilio jurisdiccional para actuar determinadas pruebas en la medida que las mismas coadyuven a la resolución y esclarecimiento del conflicto; en ese sentido, "… si el propio tribunal arbitral no pudiera proveerla [la prueba] por si mismo o tuviera dificultades en su producción, podrá pedir el auxilio de la justicia para que le otorgue la "coercio" de la que es recipiendario el Poder Judicial…"3

      Un ejemplo recurrente es la declaración testimonial ofrecida por una de las partes. Los árbitros, por carecer de "coercio", no tienen la posibilidad de hacer comparecer al testigo de manera forzada por tanto, si consideran que la prueba es indispensable para resolver la controversia, ya que pueden prescindir de la misma conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la LGA, podrán recurrir al Juez para que éste disponga las medidas correspondientes y se actúe dicho medio probatorio.

      "En el supuesto que el árbitro requiera al Juez la citación compulsiva de un testigo (…) [éste deberá] ser citado por el Juez para que comparezca a deponer en la sede y ante el tribunal arbitral en la audiencia que este haya prefijado previamente, bajo apercibimiento, en caso de no concurrencia, de ser conducido por la fuerza pública…"4

      Sin perjuicio de lo expuesto, debemos señalar que estas medidas resultan aplicables de manera excepcional ya que los árbitros, como directores del proceso, se encuentran facultados en todo momento para dictar las reglas complementarias que sean necesarias, velando por que el procedimiento se desarrolle bajo los principios de celeridad, equidad, inmediación, concentración, economía procesal y buena fe, posibilitando la adecuada defensa de las partes.

      Así, de acuerdo a lo expuesto por Nicolás Gamboa, "…es incuestionable que un tribunal arbitral, como tal, carece de los poderes de imperium reservados a los Estados (…) sin embargo, no significa que un tribunal arbitral carezca de prerrogativas y, sencillamente, se limite a observar de manera pasiva la actuación de las partes…".5

      Por otro lado, al igual que Erick Brittton consideramos que "el proceso de práctica de pruebas debe desarrollarse por propia voluntad de las partes, quienes deben aportar al proceso todo documento o informe que sea de beneficio para el desarrollo del proceso…"6, lo que en realidad significa, que no resulta conveniente ni para el proceso ni para las partes, que los árbitros tengan la necesidad de recurrir al Juez para solicitar Auxilio Jurisdiccional para la actuación de determinado medio probatorio.

    3. MEDIDAS CAUTELARES

    El artículo 81 de la LGA dispone que "en cualquier estado del proceso, a petición de cualquiera de las partes y por cuenta, costo y riesgo del solicitante, los árbitros podrán adoptar las medidas cautelares que consideren necesarias para asegurar los bienes materia del proceso o para garantizar el resultado de éste…" y a renglón seguido, "…los árbitros pueden solicitar el auxilio del Juez Especializado en lo Civil del lugar del arbitraje o donde sea necesario adoptar las medidas. El Juez por el solo mérito de la copia del convenio arbitral y de la resolución de los árbitros, sin más trámite procederá a ejecutar la medida sin admitir recursos ni oposición alguna".

    Nuevamente nos encontramos ante la necesaria intervención del Poder Judicial en el Arbitraje para la ejecución de medidas cautelares por el solo hecho de la falta de "coercio" de los árbitros para dicho efecto; sin embargo, esta posibilidad será utilizada por los árbitros cuando la medida cautelar solicitada no pueda ejecutarse de otro modo, "…o cuando su trámite, por la naturaleza de la medida, así lo exija"7.

    A decir de Bernardo Cremades, citado por Cantuarias y Aramburu, "…el tema de medidas provisionales y, en general, respecto a la adopción de decisiones en cierta forma coercitivas, la diferencia entre la postura del juez estatal y del árbitro es clara. La intervención del primero en la contienda deriva de la fuerza del Estado, mientras que el árbitro no tiene más base que la contractual. Por ello, la garantía de la futura decisión arbitral puede exigir medidas que escapan a las posibilidades del árbitro, quien en consecuencia se ve obligado a solicitar la cooperación judicial…"8

    La asistencia judicial en materia de ejecución de medidas cautelares en el arbitraje, no se restringe únicamente a las concedidas por los árbitros dentro de un proceso arbitral, sino que además, se produce cuando el Poder Judicial adopta medidas cautelares de manera previa al inicio del proceso arbitral y/o con posterioridad a la emisión del laudo, debiendo dejar en claro que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la LGA, "las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial antes de la iniciación del arbitraje no son incompatibles con el arbitraje ni consideradas como una renuncia a él"; esta disposición también se encuentra en el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)9, así como en el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.10

    Es por ello, que al igual que Nicolás Gamboa consideramos que, "…en el área de las medidas cautelares provisionales es indispensable una estrecha interacción entre los tribunales arbitrales y la jurisdicción ordinaria a fin de no frustrar la viabilidad de éstas con detrimento adicional de las reconocidas bondades del arbitraje"11.

    2.3. EJECUCIÓN DE LAUDO

    El artículo 83 de la LGA dispone que "el laudo arbitral consentido o ejecutoriado tiene valor equivalente al de una sentencia y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. Si lo ordenado en el laudo no se cumple por la parte o partes a quienes corresponda hacerlo, el interesado podrá solicitar su ejecución forzosa ante el Juez Especializado en lo civil del lugar de la sede del arbitraje que corresponda (…) cuando no hubiera podido ser ejecutado por los propios árbitros o por la institución organizadora en rebeldía del obligado, con las facultades que aquéllos o a ésta se les hubiesen otorgado en el convenio".

    Resulta claro entonces, que existe una necesidad de interconexión entre la función arbitral y la judicial;12 sin embargo éste aspecto de la relación del arbitraje con el proceso judicial, es probablemente uno de los mas sensibles y determinantes del desencanto13 que se da muchas veces en relación al arbitraje.

    Y este desencanto resulta evidente, puesto que al insertar un convenio arbitral en determinada relación contractual lo que se busca es sustraerse de la jurisdicción ordinaria, resultando ilógico, tener que recurrir a ésta para ejecutar el laudo ante el incumplimiento de una de las partes, contribuyendo muchas veces a la inoperancia del arbitraje.

    Pero tal como lo mencionáramos, si el laudo no ha podido ser ejecutado por los árbitros, cuando se les ha conferido dicha facultad, la ejecución del mismo, de acuerdo con Cremades es "una actividad inexpropiable de la autoridad judicial, precisamente porque los árbitros llegan hasta donde alcanza la voluntad de las partes; más allá escapa a su competencia y sólo el juez puede forzar a alguien, si fuera necesario en forma coactiva, a cumplir lo establecido en la sentencia".

    En ese sentido, y cuando se tenga que recurrir al Juez para ejecutar el laudo, resultaría de aplicación lo señalado por el artículo 84 de la LGA que dispone que el laudo se ejecutará como una sentencia, sin admitir otra oposición que la pendencia de un recurso de apelación, cuando se haya pactado la misma en el convenio arbitral, o de un recurso de anulación ante el Poder Judicial, en cuyo caso el Juez suspenderá la ejecución. Agrega además que, "…el Juez bajo responsabilidad, sin trámite algunos, declarará improcedente de plano cualquier otra oposición, basada en razones distintas a su cumplimiento"14.

    Por su parte, el artículo 86º de la LGA, dispone que "los autos en la etapa de ejecución no son susceptibles de medio impugnatorio alguno. Está prohibido al Juez ejecutor, bajo responsabilidad, admitir apelaciones o articulaciones que entorpezcan la ejecución del laudo, siendo nula la resolución respectiva".

    Siendo ello así, consideramos que la LGA protege al arbitraje de las denominadas articulaciones dilatorias, debido a que "…el Juez no se encuentra en aptitud de realizar un análisis respecto de la decisión materia de ejecución, por lo que carece de competencia para pronunciarse sobre su justicia, razonabilidad o legalidad, y con mayor razón, está impedido de modificarla, aclararla, o analizar los hechos o los medios de prueba ofrecidos para demostrar la certeza de las afirmaciones que sirvieron de sustento para su emisión. El único rol que compete al órgano Jurisdiccional será el de verificar los aspectos netamente formales que lo facultan a proceder con la ejecución forzada, esto es, verificar que el laudo cumpla con los requisitos para constituir un título de ejecución…"15, con lo cual queda claro que los jueces carecen de la facultad para revisar el contenido del laudo consentido.

  5. COMENTARIO
  6. A pesar de que el presente trabajo tiene por objeto rescatar el apoyo que brinda el Poder Judicial para el desarrollo del arbitraje, no podemos dejar de mencionar que existen casos en los que algunos Jueces interpretan que están facultados para interferir con un proceso arbitral, cuestión que no resiste un análisis serio.

    En efecto, el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, señala que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional16 ni interferir en el ejercicio de sus funciones.

    Sin embargo, muchos jueces de acuerdo a lo previsto por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, están admitiendo acciones de amparo destinadas a paralizar procesos arbitrales en trámite, desnaturalizado al arbitraje.

    Afortunadamente y demostrando una vez mas la asistencia judicial para el arbitraje, se ha expedido la Circular Nº 005-2005-SP-CS-PJ que señala que la intervención de los órganos jurisdiccionales [en el arbitraje] se produzca en los casos taxativamente previstos en la Constitución, la LGA y demás disposiciones legales sobre la materia, a efectos de evitar colisiones innecesarias .17

  7. UNA CONCLUSIÓN

No podemos indicar que el arbitraje es la panacea como medio de solución de controversias y que éste es mas efectivo que el Poder Judicial, simplemente nos limitamos a mencionar que sería bastante complicado que el arbitraje subsista sin el apoyo que brinda la Jurisdicción ordinaria, pero recordando que la intervención de ésta sólo resulta siendo una función complementaria pero no, en muchos casos, indispensable.


* Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Asistente de Cátedra del curso de Arbitraje Comercial Nacional e Internacional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Ex Secretario Técnico del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima (CCANI-CCL); Asistente en la Gerencia de Conciliación y Arbitraje del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE); Miembro del Círculo Peruano de Arbitraje.
1 Giuseppe Tomasi di Lampedusa; “El Gatopardo”.
2 Cfr. CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y ARAMBURU YZAGA, Manuel Diego (1994); El Arbitraje en el Perú (…); Fundación Manuel J Bustamante, Editorial Cultural Cuzco, Lima Perú; p. p. 52.
3 En: MARTIN MARCHESINI, Gualtiero (2005); Los Medios de Prueba en el Arbitraje Comercial y sus Contingencias, en: http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/prueba_arbitraje.html p.4
4 MARTIN MARCHESINI; Op. Cit. p.5
5 En: GAMBOA, Nicolás; Asistencia Judicial en Tribunales Arbitrales, en: http://www.servilex.com.pe/arbitraje/congresopanama/b-05.html p.2
6 En: BRITTON, Erick; El Rol del Órgano Judicial en los Procesos Arbitrales, en: http://www.servilex.com.pe/arbitraje/congresopanama/b-02.html p.5
7 En “Sobre la Intervención de los Órganos Jurisdiccionales en los Procesos Arbitrales: El Caso de la Medidas Cautelares Reguladas por la Ley General de Arbitraje”, artículo publicado por Víctor Madrid Horna en Revista Peruana de Derecho de la Empresa: Arbitraje y Empresa, Vol. 56. Lima, 2003. pp.176
8 CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y ARAMBURU YZAGA, Manuel Diego; Op. Cit. p.350
9 Reglamento de Arbitraje CNUDMI: Artículo 26.3: “La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una autoridad judicial por cualquiera de las partes no se considerará incompatible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo”.
10 Reglamento de Arbitraje ICC: Artículo 23.2: “…la solicitud que una parte haga a una autoridad judicial con el fin de obtener tales medidas [provisionales] o la ejecución de medidas similares ordenadas por un Tribunal Arbitral no contraviene el acuerdo de arbitraje ni constituye una renuncia a éste y no afecta los poderes del Tribunal Arbitral al respecto…”
11 GAMBOA, Nicolás; Op. Cit. p. 3
12 En “Apuntes sobre la Ejecución de Laudos Arbitrales y su Eficacia a Propósito de la Intervención Judicial”, artículo publicado por Ana María Arrarte Arisnabarreta en Revista Peruana de Derecho de la Empresa: Arbitraje y Empresa, Vol. 56. Lima, 2003. pp.126
13 ARRARTE, Ana María; Ibid.
14 Bernardo Cremades citado por CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y ARAMBURU YZAGA, Manuel Diego (1994); El Arbitraje en el Perú (…); Fundación Manuel J Bustamante, Editorial Cultural Cuzco, Lima Perú; p. p. 396. Nótese que el autor citado no recoge lo establecido por nuestra LGA en tanto que de acuerdo a ella, los árbitros si tienen la facultad de “executio” propia de los jueces, siempre y cuando las partes los hayan investido para dicho efecto (Artículo 83 LGA).
15 ARRARTE, Ana María; Op. Cit. P.135.
16 Debemos entender que de acuerdo al artículo 139 de la Constitución Política del Perú el arbitraje es considerado como una Jurisdicción, de excepción, pero Jurisdicción finalmente.
17 Circular Nº 005-2005-SP-CS-PJ del 04 de julio de 2005.