Publicado en nuestra Revista el 19 dejunio de 2001

¿Puede cuestionarse un laudo arbitral via accion de amparo?

Por: Carlos Cueva Morales1.

Introducción

Las reflexiones que desarrollo a continuación han surgido de la lectura de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 189-99-AA/TC, publicada en "El Peruano" el 16 de febrero de 2000, que resuelve una acción de amparo planteada contra un laudo arbitral.

Me interesa, en primer lugar, destacar las características básicas que distinguen al arbitraje de otras formas de composición de conflictos y reconocer el grado de desarrollo que ha alcanzado en nuestro medio. De otro lado, creo conveniente determinar el verdadero carácter definitorio que adquiere un laudo frente a las acciones de impugnación previstas en la Ley de Arbitraje y, finalmente, analizar críticamente la viabilidad de que, contra un laudo arbitral, pueda admitirse la interposición de la acción de garantía más empleada en nuestro país: la acción de amparo.

El arbitraje: rasgos generales

No es una novedad decir que actualmente existe una marcada tendencia a promocionar mecanismos de solución de conflictos alternativos al tradicional recurso de acudir al Poder Judicial. De tales mecanismos alternativos, los que sin duda destacan son la conciliación y el arbitraje. De hecho, tratándose de la conciliación, a partir de enero de 2001 será una vía obligatoria previa al inicio de procesos judiciales en los que se discutan derechos disponibles.

Lo que distingue a la conciliación del arbitraje es que, en el primer caso, se trata de una forma de procurar que las propias partes busquen y arriben a un acuerdo que las satisfaga y que solucione el conflicto, con la asistencia coadyuvante de un tercero imparcial y aceptado por las partes, llamado conciliador. En el arbitraje, en cambio las partes ceden la potestad de dirimir el conflicto a un árbitro escogido directa o indirectamente por ellas, sometiéndose a lo que dicho árbitro disponga.

De las múltiples notas distintivas que pueden predicarse del arbitraje destacan las siguientes:

Carácter voluntario.- La jurisdicción arbitral implica un apartamiento o renuncia a la jurisdicción estatal y para ello se requiere el acuerdo previo de las partes. Dicho acuerdo se plasma en el convenio arbitral, que puede ser suscrito antes, conjuntamente o después del nacimiento de la relación jurídica al interior de la cual se suscita la controversia que será resuelta mediante arbitraje. Ello supone que no es necesario que se haya suscitado una controversia para que las partes pacten el arbitraje, puesto que pueden hacerlo antes; es más, si las partes quieren optar por la vía arbitral es conveniente que lo hagan antes que surja el conflicto.

Libertad para nombrar a los árbitros y regular el procedimiento.- Cuando una persona acude al Poder Judicial en busca de tutela jurisdiccional efectiva, debe someterse a los jueces que han sido designados por el Estado para dicho fin. Asimismo, debe sujetarse a los procedimientos previamente establecidos a efectos de encausar su petitorio o su defensa, sin que pueda modificar tales procedimientos. En el arbitraje ocurre todo lo contrario: las partes pueden designar a la persona o personas –dependiendo si han optado por un arbitraje unipersonal o por un Tribunal Arbitral- que, en su condición de árbitro, va a resolver el conflicto, y demás pueden diseñar un procedimiento ad hoc conforme al cual se desarrollará el arbitraje, pudiendo fijar desde la sede del arbitraje hasta los medios probatorios que serán admitidos y el plazo para la emisión del laudo arbitral.

Especialización del árbitro.- Vinculado a lo anterior está el tema referido a los conocimientos especializados que puede tener el árbitro escogido por las partes. A diferencia de lo ocurre en la jurisdicción ordinaria, en el arbitraje las partes tienen la potestad de designar a quien consideren es una autoridad en la materia sometida a arbitraje. Esta característica es muy importante, pues garantiza que la controversia será vista y resuelta por una persona que conoce muy bien el asunto de que se trate.

Confidencialidad.- Si bien los procesos judiciales sólo pueden ser conocidos por las partes involucradas, es muy común –dada la presencia cada vez mayor de los medios de comunicación en un mundo globalizado- que se filtre información sobre litigios que siguen personas o instituciones que puedan tener cierta relevancia pública. Ello no es posible en el caso de un arbitraje, puesto que el árbitro tiene la expresa obligación de guardar reserva sobre los asuntos que conoce, pudiendo inclusive ser demandado por daños y perjuicios en caso incumpla con este deber de reserva.

En contra de las evidentes ventajas anotadas, el arbitraje carece de una de características que resulta fundamental en caso alguna de las partes no cumpla con las decisiones arbitrales: la facultad de coacción o, lo que es lo mismo, el empleo de la fuerza pública para imponer el cumplimiento de la decisión arbitral, por cuanto dicho atributo es exclusivo de los jueces estatales. Los árbitros, por ejemplo, carecen de facultad para ejecutar una medida de embargo. Por esa razón, las leyes de arbitraje modernas regulan de uno u otro modo la participación coadyuvante del Poder Judicial en los arbitrajes.

En sociedades secularmente acostumbradas a resolver los conflictos a través de dilatados e intrincados procesos judiciales, en donde muchas veces se pierde el verdadero sentido de la justicia y se avivan rencillas innecesarias, resulta todo un reto introducir el concepto del arbitraje como un mecanismo eficaz de resolución de conflictos, que se asienta en el principio básico de que la decisión del árbitro, al que libremente se han sometido las partes, debe ser acatada. Ciertamente, antes que las leyes o conjuntamente con ellas, es el comportamiento, la actitud, la filososfía, los valores de las partes y de los distintos operadores del derecho lo que debe cambiar.

Sin embargo, somos optimistas y estimamos que, naturalmente, por necesidades de sobrevivencia social, veremos ampliadas cada vez más las posibilidades de que los conflictos sean resueltos –en caso las partes no logren ellas mismas un arreglo directo a través de la negociación o la conciliación- mediante el arbitraje.

La inmutabilidad del laudo y el recurso de anulación

El laudo constituye la decisión que emite el árbitro y que resuelve la controversia sometida a su conocimiento. Es la última y, sin duda, la más importante fase del proceso arbitral. En verdad, toda la institución arbitral está estructurada para arribar a esta etapa.

El laudo arbitral equivale a una sentencia judicial y puede ejecutarse como tal. Aunque la Ley de Arbitraje prevé la posibilidad de interponer recurso de apelación cuando se trata de arbitrajes de derecho, lo cierto es que la misma ley exige que esta doble instancia debe ser pactada en forma expresa; en ausencia de dicho pacto, se entiende que no es posible interponer recurso de apelación, por lo que el laudo es emitido en instancia única.

Lo que no puede ser objeto de pacto en contrario es el recurso de anulación, previsto en el artículo 61° de la Ley de Arbitraje, porque se apoya en razones de orden público como son las de garantizar el adecuado cumplimiento de los presupuestos básicos del arbitraje así como del procedimiento al que se han sometido las partes. Sin embargo, dicho recurso –que es presentado ante y resuelto por el Poder Judicial- tiene como única finalidad: revisar la validez del laudo, sin entrar al fondo de la controversia. Es decir, el Poder Judicial puede anular un laudo si efectivamente el convenio arbitral que lo sustenta es inválido, si no se ha cumplido con las normas de procedimiento acordadas por las partes, si se ha resuelto más allá de lo que fue sometido a arbitraje, si se ha fallado fuera del plazo establecido, si no se ha respetado el derecho de defensa de las partes o si la materia sometida a arbitraje no podía, de acuerdo a ley, ser objeto de arbitraje. En ningún caso, por tanto, el Poder Judicial podrá cuestionar las consideraciones o los argumentos que han tenido en cuenta los árbitros para resolver una controversia, puesto que el fondo del asunto no es revisable.

Debemos mencionar dos cosas adicionales al respecto. La primera es que en sociedades como la nuestra, en donde aún no está debidamente interiorizado el concepto del arbitraje como un mecanismo privado de resolución de conflictos al que las partes voluntariamente se someten –y cuyo laudo, por tanto, debiera ser acatado y cumplido de manera inmediata-, al arbitraje continúa siendo judicializado a través del cuestionamiento del laudo por la parte que se considera desfavorecida con dicho laudo, sea para anularlo o para dilatar su ejecución, lo que origina que se desvirtúe una de las principales características del arbitraje que es resolver una controversia de manera rápida y efectiva.

El segundo punto es que, por lo general, cuando se impugna un laudo se emplea el recurso de anulación reseñado líneas arriba –porque, en rigor, no cabe otro-, pero alegando razones que más bien tienen que ver con el fondo del asunto, tal y como si se tratara de un recurso de apelación. Ello, lamentablemente, no contribuye a dotar de confiabilidad a la institución arbitral. Es decir, si el hecho mismo que una de las partes impugne un laudo, por no estar de acuerdo con lo resuelto en él, aun sabiendo que no cabe que ninguna instancia revise la decisión del árbitro salvo que se haya pactado la posibilidad de apelar, constituye ya una forma de desnaturalizar la institución arbitral, el empleo del recurso de anulación desviándolo de su finalidad –que es solicitar al juez que revise los aspectos formales del arbitraje- y convertirlo, en la práctica, en un recurso de apelación, importa ciertamente un freno al desarrollo del arbitraje.

Afortunadamente, debemos resaltar el hecho que el Poder Judicial, entendiendo a cabalidad la naturaleza particular de la jurisdicción arbitral, ha comenzado a tener una actitud coadyuvante hacia esta institución, puesto que, por lo general, está rechazando aquellas articulaciones que, bajo la cobertura de un supuesto recurso de anulación, han pretendido que se revise la decisión de los árbitros o, simplemente, que se retrase la ejecución de laudos emitidos dentro de procesos arbitrales llevados a cabo sin ningún tipo de vicio formal.

¿Acción de amparo contra un laudo arbitral?

De acuerdo a lo expuesto, por tanto, los laudos arbitrales sólo pueden ser objeto de recurso de apelación –cuando las partes así lo han pactado, que no es lo usual- y de recurso de anulación. Fuera de estos supuestos, no procede contra ellos recurso alguno, de acuerdo al texto expreso de la Ley de Arbitraje. Si esto es así, cabe hacerse la pregunta que encabeza este acápite: ¿es posible que un laudo arbitral pueda ser cuestionado vía acción de amparo?. Nuestra opinión, que la sustentamos a continuación, es que no.

La propia Ley de Arbitraje niega esta posibilidad.- Si nos atenemos al texto expreso del artículo 59° de la Ley de Arbitraje –que, como hemos visto, dispone que contra los laudos arbitrales no procede recurso alguno, salvo los de apelación y de anulación- y lo interpretamos literalmente debemos concluir que está excluida la posibilidad de que un laudo pueda ser impugnado mediante una acción de amparo. De lo contrario, si el legislador hubiera querido habilitar esa vía, al igual que lo hizo con la apelación y la anulación, podría haberlo consignado en forma expresa.

La Ley de Habeas Corpus y Amparo tampoco lo admite.- El inciso 2) del artículo 6° de la Ley N° 23506, conforme al texto modificado por la Ley N° 27053, dispone que no proceden las acciones de garantía "contra resolución judicial o arbitral emanadas de proceso regular". La propia ley que norma la acción de amparo es clara al señalar, entonces, que esta acción de garantía no está disponible para cuestionar un laudo arbitral, siendo así coherente con lo que establece el artículo 59° de la Ley de Arbitraje, antes reseñado.

El recurso de anulación y la acción de amparo persiguen lo mismo.- Si asumiéramos que es posible que contra un laudo arbitral procede la acción de amparo, concluiríamos que existirían dos vías judiciales a través de las cuales se puede cuestionar un laudo: el recurso de anulación y la acción de amparo, pero destinadas ambas a revisar lo mismo: la validez formal del arbitraje. En efecto, como hemos señalado anteriormente, el recurso de anulación tiene por objeto verificar que el laudo se haya emitido en base a la existencia de un convenio arbitral válido, cumpliendo con las normas de procedimiento escogidas por las partes y garantizando a éstas el derecho de defensa. Pues bien, si se admitiese que contra un laudo arbitral procede la acción de amparo, necesariamente deberemos aceptar que sería sobre la base a la presunta violación de los derechos a la jurisdicción y al debido proceso, de acuerdo a lo señalado por el inciso 16) del artículo 24° de la Ley de Habeas Corpus y Acción de Amparo, mas no respecto al fondo de la controversia resuelta por los árbitros. Nótese entonces, la evidente similitud que existe entre lo que es objeto del recurso de anulación, previsto en el artículo 51° de la Ley de Arbitraje, y lo que sería materia de una acción de amparo contra un laudo: la revisión de la validez formal del arbitraje. Esto nos lleva a concluir que estando ya prevista la existencia del recurso de anulación destinado a verificar la validez de un arbitraje, no cabe admitir una vía judicial paralela –la acción de amparo- para cuestionar un laudo por las mismas razones.

La naturaleza especial de la institución arbitral no admite dilaciones en el cumplimiento del laudo.- Como hemos señalado, una de las principales características del arbitraje es su trámite ágil y breve, lo que permite a las partes contar con una decisión sobre la materia controvertida en un plazo relativamente corto. Ello no impide que se garantice a las partes el derecho de defensa y el derecho a un debido proceso, los que, por lo demás, están debidamente cubiertos con la posibilidad que tiene la parte que se considere afectada, de interponer un recurso de anulación contra el laudo. En ese sentido, estimamos que en nada coadyuva al desarrollo del arbitraje el que se admita que un laudo pueda ser objeto de acción de amparo, tanto más si la finalidad de esta acción de garantía ya está cubierta con el recurso de anulación previsto en la Ley de Arbitraje.

Por todo lo señalado, estimamos que las acciones de amparo que se presenten contra laudos arbitrales debieran ser liminarmente rechazados por los jueces, dejando a salvo el derecho de los interesados de interponer el recurso de anulación previsto en la Ley de Arbitraje.

1 Carlos Cueva Morales
Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Estudios de Post Grado en la Universidad Complutense de Madrid.
Arbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima .